Fernanda Padron
Para facilitar a los ciudadanos la solicitud de auditorías programáticas, de obra pública y financieras de su interés y contribuir al combate a la corrupción y a transparentar el ejercicio y destino del gasto público, el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN) presentó a la 60 Legislatura la iniciativa para establecer que sea el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción el que reciba esas peticiones y las proponga al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
El documento, remitido a las comisiones de Vigilancia del OSFEM y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, establece también que el órgano fiscalizador reciba y analice tales solicitudes, “y de ser procedente practicarlas, sin menoscabo de las atribuciones que en la materia corresponden a las autoridades competentes”.
El documento señala que “hoy lo gobiernos tiene la obligación permanente y la tarea de entregar al pueblo, además de la información, la justificación del gasto de los recursos públicos, ya que su encargo demanda claramente que su actividad debe ser transparente y sin ningún tipo de acto de corrupción que pueda poner en riesgo la legalidad de las acciones públicas”.
La iniciativa propone reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y el 8 de la Ley de Fiscalización Superior.
GARANTIZAR A ADULTOS MAYORES EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Debido a que tanto en el país como en la entidad se observa una brecha generacional entre los adultos mayores y el resto de la población por su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que hace a ese grupo uno de los más vulnerables a fraudes cibernéticos y robo de identidad digital, el diputado del PAN José Antonio García García presentó una iniciativa para garantizarles ese acceso como un derecho.
El legislador dijo que las TIC representan grandes avances para distintos sectores sociales y en la manera de comunicarse e interactuar, además de ser un factor clave de desarrollo social y económico; sin embargo, sus beneficios no han llegado a los adultos mayores.
De acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), este grupo es el más aislado en el uso de esas tecnologías, pues en México sólo 8% de los mayores de 60 años tiene acceso a internet. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Usos de TIC en Hogares del año 2018, del INEGI, encontró que en la entidad el 6% de los adultos mayores de 55 años —alrededor de un millón— las usa.
Para el diputado José Antonio García la brecha señalada hace a las personas mayores más proclives a ser víctimas de fraudes cibernéticos y robo de identidad, los cuales registran en México daños de 8 mil hasta 180 mil pesos por persona, según el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La Condusef, a su vez, reporta que hasta 2018 las denuncias por estos ilícitos fueron presentadas en un 30% por adultos mayores de 60 años.
Por lo anterior, está claro que es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de este sector y los problemas o condiciones especiales que enfrentan, y es preciso construir y generar las acciones que puedan hacer más fácil su integración social y económica. De avalarse la iniciativa enviada para su dictamen a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y para la Atención de Grupos Vulnerables, se reformarían los artículos 5 y 7 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.
