Fernanda Padrón
La diputada Azucena Cisneros Coss presentó al Pleno de la 60 Legislatura un proyecto de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado De México, debido a que, sostuvo, “tanto quienes defienden los derechos humanos como quienes ejercen el periodismo enfrentan agresiones que van desde el hostigamiento, hasta la desaparición forzada o el asesinato”.
Se trata de un ordenamiento, que plantea la creación de un mecanismo para garantizar el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.
De acuerdo con el documento, ese mecanismo será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, encargado de proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.
Hizo énfasis en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha consignado la ausencia de leyes en esta materia en 22 entidades, entre ellas la mexiquense.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario subrayó que los periodistas desempeñan un papel fundamental en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
En México, dijo, “el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y trabajadores de los medios, así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”
Enumeró el tipo de agresiones de las que son objeto unos y otros: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, robo, campañas de desprestigio, secuestros, acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia, represión y ataques cibernéticos, entre otras.
La diputada refirió que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en el país 285 ataques contra defensores, en tanto que ese mismo año fueron asesinados 11 periodistas. En el caso de las mujeres las agresiones se agravan: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó que entre 2010 y 2017 fueron asesinadas más de 43 defensoras y periodistas.
Precisó que en el Estado de México no se cuenta con cifras al respecto de agresiones, pero relató, como ejemplo, el desmantelamiento, en 2015, del equipo de transmisión de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en Luvianos, por emitir sin concesión, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el atentado que el director de la estación, Indalecio Benítez, sufrió en 2014, en el que resultó muerto su hijo Juan Diego, de 12 años.
“Nuestro compromiso —dijo Azucena Cisneros a la Asamblea— es proteger a las y los periodistas implementando medidas que aborden las causas profundas de la violencia en su contra y la impunidad. En este sentido, mencionó que en el sexenio pasado, periodistas mexiquenses padecieron el bloqueo de su trabajo cuando funcionarios o personal de Comunicación Social del Poder Ejecutivo los acusaban de hacer preguntas “incómodas” o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica.
La iniciativa de ley establece que el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México estará integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal, y será operado por la Secretaría de Gobierno.
Se creará un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se destinará a la capacitación de periodistas, implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de protección urgente.
