La reportera Diana Domínguez fue despedida hace un día de la Agencia de Noticias del Estado de México (Notimex) después de 23 años de servicio, a la editora Diana Pérez Caballero quien tiene un embarazo de alto riesgo se le ha negado la entrada a las instalaciones por cuarto día consecutivo sin contar con una notificación oficial de la variación de su turno y días de descanso.
En un boletín del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), emitido anoche, además de esos casos, se indicó que a Ismael Lozada Camacho le desconocieron su plaza de editor —después de regresar de una licencia sindical— y lo desalojaron de las instalaciones de la agencia estatal. En tanto, la editora del área de Internacionales, Marisela Miranda, con 27 años de antigüedad, la cambiaron y le asignaron labores de redactora, además de emitirle tres extrañamientos administrativos (que podrían ser motivo de despido).
María del Refugio Gutiérrez Villavicencio, le movieron su horario (de 8-15 horas a 15-22 horas) y días de descanso (de sábado y domingo a miércoles y jueves), a partir del próximo lunes. Tanto ella como Marisela Miranda aparecen en el video que circula en redes sociales, mostrando su apoyo a Pérez Caballero. La redactora del área de Negocios, de 57 años, con dos años de antigüedad, y quien presenta osteoartritis, aseguró a SemMéxico que es una represalia por haber apoyado a Diana Pérez.
El lunes pasado, Pérez Caballero, de 32 años y con siete años de laborar en la agencia, fue desalojada de su área de trabajo (Negocios), con el argumento de que era su día de descanso, cuando ella nunca fue notificada de ese hecho y del cambio a un turno vespertino. Ella había expresado su inconformidad por la elección —de la cual se desconoce cómo fue— de Jesús Rodríguez, del área de Servicios Generales y quien fue allegado a Conrado García Velasco, el líder sustituido que está siendo investigado.
Ahora, le siguen negando la entrada, porque, según lo indicó en un tweet la directora de Notimex, Sanjuana Martínez: “la señora Diana Pérez del sindicato de Conrado García Sutnotimex, insiste en presentarse en su descanso. Desde el 4 de noviembre @Notimex le otorgó un permiso con goce de sueldo para que tramite su incapacidad del Seguro Social por maternidad”. La funcionaria federal cierra su mensaje con el hashtag#DejenDeMentir y exhibe un oficio firmado por el subdirector de administración, Juan Antonio Canche Chan.
La reportera del área de Negocios, Adriana Urrea Torres, despedida después de que en una asamblea fue elegida como secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), señaló que lo anterior es parte de la situación de acoso y terrorismo laboral que se ha estado viviendo en la agencia, desde que llegó la presente administración.
Si bien existían malas prácticas del sindicato, ahora se pasó de un terrorismo sindical a uno laboral con la actual directora, quien ha abusado de su poder para establecer sus condiciones de trabajo, desacreditar a ese gremio, tener uno a modo y violentar los derechos humanos de los trabajadores, con despidos injustificados, cambios en las condiciones de trabajo y disminución de salarios y prestaciones, trasgrediendo el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), manifestó la dirigente.
SemMéxico entrevistó por separado a Urrea Torres, a Pérez Caballero y a Gutiérrez Villavicencio, quienes expusieron la situación de violencia laboral que se vive en la Notimex y de despidos de trabajadoras/es sindicalizados, lo cual contradice las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acerca de que no se iba a afectar a la base trabajadora, pues la política de austeridad se iba a aplicar para mandos medios y superiores.
Como ya lo ha expuesto en diferentes medios de comunicación, Urrea detalló que de diciembre a junio se habían despedido a 169 personas, considerando a personal de confianza y de honorarios, pero la tendencia entre mayo y junio fue de 83 sindicalizados y ocho de confianza despedidos. A partir de agosto, septiembre y octubre —narra—, los despidos se vincularon a la vida sindical, con unas diez personas cesadas de sus funciones, aunque la agencia no reportó ningún movimiento en ese periodo.
Lo anterior, debido a que las y los trabajadores han tratado de reactivar a la organización sindical e intentado detener la ola de despidos y violaciones al CCT. Para Urrea, Sanjuana Martínez es incongruente, al afirmar que buscaba acabar con la corrupción del sindicato, pero ahora promueve a Rodríguez, buscando que las y los trabajadores se afilien con él, a través de amenazas de despido y con promesas de un salario más alto, pero quitándoles su base.
El 5 de octubre, Urrea fue electa secretaria general y ya recibió la toma de nota. Ella había regresado a laborar el 10 de octubre, después de una licencia médica, pero al día siguiente la despidieron, con el argumento de que “había incumplido una orden”. No le dieron ningún papel ni le dieron liquidación. Señala que el 80 % del Comité Ejecutivo está activo, pero se han mantenido en secrecía sus nombres para evitar represalias.
Por otro, lado, Diana Pérez y Urrea destacaron que alrededor del 50 % de las personas afectadas han sido mujeres, pero en sus despidos hay un tema claro de género, ya que varias son jefas de familia y madres solas. Entre los casos, relataron el de una quien tuvo que aceptar el 40 % de su liquidación, por estar en esa circunstancia y ahora vende sándwich fuera de la agencia. A otra le prohíben que sus hijos permanezcan en el lobby, mientras ella concluye su jornada. Principalmente a madres solteras, aceptaron lo que fuera, con tal de que les dieran. A una más, la corrieron por llevar a su hija, cuando se presentó la contingencia ambiental, recuerda Diana Pérez.
En cuanto a las afectaciones a los salarios y prestaciones, Urrea detalla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) ya había autorizado el presupuesto para este año; sin embargo, para Sanjuana Martínez, el CCT es muy oneroso. El promedio de salarios es de 12 mil pesos mensuales, pero —en otra contradicción— la funcionaria ha contratado a mucha gente con salarios altos. Incluso, Hugo Gutiérrez, cercano a ella, ganó una licitación de un millón 739 mil pesos para una “cobertura informativa” por tres meses.
La directora pidió dinero adicional a la SHCyP para las liquidaciones de las y los trabajadores, pero no ha cumplido. Los ofrecimientos van del 30 al 50 %. A muy pocas/os les han dado el 100 % de lo que les corresponde. Mucha gente ha tenido que aceptar el dinero por su situación económica, pero a otras no se les dio nada y, con la promesa de que obtendrían su finiquito, dejaron pasar los dos meses para presentar una demanda a la junta de conciliación y arbitraje. Urrea tiene conocimiento, al menos, de unas 30 demandas laborales, entre estas, la de ella.
La misma situación de incertidumbre la tienen los corresponsales internacionales y nacionales a los que se les dejó de publicar sus notas y de pagar. En cuanto a las y los reporteros, se les ha obligado a acudir a las instalaciones de Notimex para checar su hora de entrada y de salida, cuando se sabe que tienen que cubrir los eventos que pueden iniciar temprano o tarde. Debido a los despidos, sus cargas de trabajo se han incrementado y tienen que cubrir más de dos fuentes.
Para la dirigente sindical, la cuestión rebasa lo laboral, es de violación a los derechos humanos, de violencia emocional, psicológica, laboral, en todos los sentidos. Nunca se han negado al cambio y negociar, en el marco de la austeridad. Entienden los ajustes, pero las medidas tomadas por Sanjuana Martínez ha afectado la salud de las y los trabajadores. Esto no debe permitirse y por eso apelan a las autoridades a frenar ese acoso.
Urrea asegura que de las administraciones de Notimex que ha laborado, esta ha sido la más difícil, pues no se habían tocado las prestaciones ni hubo recortes al salario. En el tema editorial tampoco tuvieron problemas. Ahora hay una línea clara: pegarle a quién se deje. Es una instrucción que se ha dado a funcionarios. A un reportero le pidieron que manejara una nota de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con un enfoque negativo.
Tampoco se pueden hablar de otros funcionarios del gobierno federal, del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de empresas, pues se considera como publicidad. Hay mucha información que queda fuera y se “sube” información sin confirmar los datos.
Con información de SemMexico.com
