De la redacción
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un panel al que convocó a especialistas en temas de gestión gubernamental para proponer algunas acciones encaminadas para mejorar la gestión gubernamental entre las que destacan la medición de indicadores homogeneos anuales a toda la función pública, así como crear las condiciones para que cada ves sea mas eficiente la transparencia.
En su participación, la directora Valera Moy expresó que el Índice de Desempeño Administrativo es una herramienta práctica que permite identificar las fortalezas y las debilidades en las capacidades de las instituciones públicas y, por consiguiente, aporta evidencia para desarrollar estrategias de mejora en el desempeño.
El IMCO propne:
- Consolidar un repositorio de información que contenga datos actualizados del desempeño institucional de todas las organizaciones públicas.
- Incorporar el análisis de las instituciones autónomas al Censo Nacional del Gobierno Federal.
- Agilizar las respuestas a las solicitudes de información pública.
- Corregir los errores de publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
- Promover la profesionalización de los servidores públicos en todas las instituciones -centralizadas y autónomas-.
- Evaluar y actualizar la estructura orgánica actual de las instituciones públicas, es decir, analizar la pertinencia de los organigramas vigentes y tomar decisiones sobre el fenómeno de vacancia en las instituciones.
- Fortalecer la disciplina y estabilidad presupuestaria, lo que implica que las instituciones planeen adecuadamente el gasto según sus realidades particulares y promuevan estrategias de priorización de gasto.
Medir el desempeño de las instituciones de gobierno es una tarea compleja, pero fundamental para el fortalecimiento de los valores democráticos. Por este motivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad desarrolló el Índice de Desempeño Administrativo (IDA) que analiza las capacidades normativas, de cumplimiento de normas de transparencia, recursos humanos y gestión presupuestal de siete instituciones centralizadas: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría de Bienestar (Bienestar).
También, se analizaron seis instituciones autónomas: Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los resultados cualitativos y cuantitativos del análisis resaltan la necesidad de mejora en la gestión de los recursos humanos y el ejercicio del presupuesto de las instituciones públicas. Asimismo, aunque las instituciones cuentan con un marco normativo amplio, este no atiende necesariamente sus desafíos actuales.
Los datos del IDA ponen de manifiesto la necesidad de contar con información sistematizada, homogénea y comparable para medir el desempeño administrativo de las instituciones públicas en México. En este contexto, a continuación se presentan los principales retos que tienen tanto las instituciones centralizadas como las autónomas:
Instituciones centralizadas:
- Existen retos en la gestión de sus recursos humanos y presupuestales. Con respecto a la tasa de ocupación en la estructura orgánica, 16% y 15% de plazas en la SEP y la SCT están vacantes, lo que puede afectar su funcionamiento. Por otro lado, el gasto administrativo en la SSA y Bienestar incrementó 14% y 16% -respectivamente- en el último año evaluado.
- Los cambios en el nivel de gasto y el tamaño de la plantilla de personal pueden afectar su funcionamiento y capacidad para lograr sus metas a mediano y largo plazo. Mientras que Bienestar ha incrementado su presupuesto, en promedio, en 20% anual desde 2019, y su personal en 45%, la SCT ha reducido su presupuesto en promedio en 10% anual y el personal en 7%.
- El sobreejercicio presupuestal es constante y significativo, lo que evidencia retos importantes en la planeación de actividades durante el año, así como debilidad en los procesos de planeación del gasto. En 2022, las instituciones con mayor sobreejercicio fueron SHCP y Segob, que ejercieron 3.3 y 2.3 veces su presupuesto aprobado respectivamente.
- Existe una capacidad limitada para identificar e investigar irregularidades y anomalías internas. Entre 2019 y 2022, las denuncias presentadas, con los elementos suficientes para proceder entre 2019 y 2022, disminuyeron, en promedio, 43 puntos porcentuales. Por ejemplo, en la SSA fueron procedentes 4 de 784 denuncias presentadas en 2022, lo que sugiere una falta de capacidad en el procesamiento de posibles irregularidades. De manera similar, se observa una mayor proporción de servidores públicos que incumplieron con la publicación de su declaración patrimonial; Bienestar, por ejemplo, muestra un incumplimiento en la declaración patrimonial de 68% en 2022.
Instituciones autónomas:
- Hay un mayor cumplimiento en comparación con las centralizadas en la presentación de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. No obstante, en promedio, se observa un aumento en las observaciones del órgano interno de control y una disminución en las investigaciones concluidas por faltas administrativas. Por ejemplo, en la Cofece solo 13% de las investigaciones iniciadas en 2022 se concluyeron.
- A nivel agregado, las instituciones autónomas tienen mayor estabilidad presupuestaria y mejor ejercicio del gasto con respecto a las centralizadas. Esto se debe a fenómenos como un gasto bajo destinado a la auditoría interna; en el caso del INE, por ejemplo, fue 0.9% del presupuesto total en 2022.
- Hay mayor estabilidad en el tamaño de la plantilla de personal que en las instituciones centralizadas. El cambio en el tamaño de la plantilla de personal de 2021 a 2022 fue de solo 4%, mientras en otros años fue de dos dígitos. Por otro lado, aunque de 2020 a 2021 aumentó la proporción de personal con estudios de licenciatura y posgrado, la tendencia creciente se detuvo en 2022. Un ejemplo relevante es el INE que, aunque tiene fortalezas en el eje de cumplimiento, requiere promover la preparación y capacitación de sus servidores públicos, ya que solo 11% de su personal cuenta con educación superior.