Toluca, Méx.– En un impactante testimonio a través de sus redes sociales, Viridiana Rodríguez, expresidenta del DIF Toluca y ex esposa de Raymundo Martínez Carbajal, actual presidente municipal de Toluca, detalla un histórico de violencia física, emocional y sexual que habría vivido durante su matrimonio.
Rodríguez relató el momento de la detención ilegal de su padre, sujeto a maltrato por parte de la policía del Ayuntamiento de Toluca, presuntamente liderada por Iván Zepeda, director del DIF en ese momento. Asegura que todo este episodio se dio como represalia por poner fin a la relación con Martínez Carbajal en febrero pasado.
La expresidenta del DIF denuncia que, a pesar de haber presentado pruebas a la Fiscalía del Estado de México sobre los delitos cometidos contra su padre, el proceso se encuentra detenido. Alega que el 5 de mayo, representantes de diversas instituciones se presentaron en su domicilio para que ella y su familia firmaran desistimientos de delitos graves, como secuestro y violencia familiar, así como un convenio de confidencialidad que, según Rodríguez, pretende silenciarla por 15 años.
La situación se torna aún más grave, según la denunciante, con acciones de hostigamiento continuado, tales como amenazas vía WhatsApp, balaceras cerca de su domicilio, policías siguiéndola y vandalismo contra su propiedad. Responsabiliza directamente a Raymundo Martínez Carbajal y a su círculo más cercano, incluyendo al director de seguridad, Aglaed Salgado, y a Andrés Vergara Mañón, coordinador de asesores del presidente municipal.
Viridiana Rodríguez hace un llamado a la gobernadora, Delfina Gómez, a intervenir en el caso, solicitando seguridad adecuada, y exige al fiscal Cervantes y al vice fiscal Marín que presenten el expediente completo ante la mandataria. Concluye su mensaje exigiendo justicia y el derecho a vivir libre de intimidación.
Las autoridades correspondientes no han emitido comentarios hasta el momento. La grave acusación de Rodríguez plantea una nueva dimensión en la ya complicada situación política y social en Toluca, dejando abiertos numerosos cuestionamientos sobre la seguridad y la integridad de los denunciantes en México.