Diputado Max Correa Hernández, presentó propuesta para que las
dependencias estatales y municipios transparenten recursos públicos
ESTADO DE MÉXICO. Debido a las condiciones de marginación y pobreza que son víctimas las mujeres indígenas en el Estado de México, las secretarias de Educación, Salud, Desarrollo Social y Agricultura, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), y los Ayuntamientos, deberán informar a la legislatura mexiquense el estado que guardan las políticas públicas implementadas para disminuir la brecha de desigualdad de este sector de la población.
El diputado de Morena, Max Correa Hernández, quien presentó la propuesta para que las dependencias estatales y Gobiernos municipales den a conocer el trabajo y los recursos públicos que asignaron para mejorar el nivel de vida de las mujeres indígenas, argumentó que la educación básica es el límite máximo de estudios que actualmente pueden alcanzar.
En ese sentido, dijo que debido a la falta de acceso a la educación, trabajo y al rol de género asignado, la condición de pobreza recae mayormente en ellas porque no son dueñas de las tierras, no perciben un ingreso por su trabajo y están dedicadas a actividades poco reconocidas en la sociedad.
“Es por eso que esperaríamos que desde el ámbito gubernamental estuviéramos avanzados en tratar de dirimir estas situaciones de violencia y desigualdad, sin embargo, a la fecha esto no ha sido así”, afirmó durante su exposición en la tribuna parlamentaria.
En ese sentido, Correa Hernández recordó que muchas políticas públicas que fueron creadas desde hace más de 30 sólo dejaron despojo y empobrecimiento para las mujeres indígenas y sus familias, y las convirtió en blanco de cooptación de votos durante las elecciones.
El también Secretario General de la Central Campesina Cardenista (CCC), resaltó que en el Estado de México casi el 10 por ciento de su población vive en pobreza, la cual se concentra principalmente en las comunidades rurales indígenas, donde el 17.8 por ciento de sus integrantes vive en pobreza extrema, siendo la mayoría mujeres”.
El punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, pide al CEDIPIEM informar el estado que guardan las políticas públicas implementadas para disminuir la brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, eliminar su pobreza, y fomentar y garantizar sus derechos político-electorales.
Asimismo, se le exhorta a eficientar y maximizar el alcance de las políticas públicas a favor de las mujeres para lo resta del 2018, así como generar los mecanismos de planeación e innovación de políticas para la mejora de la calidad de vida de las mujeres y niñas indígenas durante el 2019.
A las secretarias de Educación, Salud, Desarrollo Social y Agricultura, explicar los resultados de los programas y presupuestos destinados a la atención de la población indígena; mientras que a la de Finanzas se le exhorta a eficientar y maximizar el presupuesto de género para el último trimestre de 2018, “con el fin de enfocarse en la mejora de la calidad de vida, acceso a oportunidades de desarrollo y eliminación de la violencia de las mujeres y niñas indígenas en el Estado de México”.
En lo que respecta a los 125 gobiernos municipales, se les solicita informar “sobre los mecanismos que han implementado para garantizar la representación en el cabildo de los pueblos indígenas que implementaron durante su gestión, y en las localidades donde existe mayor población indígena, se les exhorta “a garantizar la representación adecuada que permita la intervención en procesos de decisión del propio municipio, de las comunidades indígenas y en particular de sus mujeres”.
Finalmente, Max Correa resaltó la importancia del punto de acuerdo legislativo al señalar que en el Estado de México vive el 9.1 por ciento de la población indígena de todo el país, de los cuales, 421 mil 743 hablan alguna lengua originaria, siendo el mazahua y el otomí las de mayor uso.
