La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años a Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Peoduccion (PEP), mismo que asumió el cargo en Diciembre de 2018, omitió exportar dos cuentas bancarias y los beneficios económicos que recibió de un buen inmueble entre 2014 y 2017, periodo en que ocupó varios puestos de su dirección en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al funcionario se le notificó este miércoles la resolución, cuyo efecto implica que Pemex “debe separarlo del cargo que se encuentra ocupando”, precisó la SFP, y advirtió que “vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias”.
De igual manera, sostuvo que la sanción derivó de “diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos”, en el marco de sus investigaciones sobre los esquemas de desvíos operados a través de entes estatales y empresas fantasmas, mejor conocidos como Estafa Maestra.
Si bien la atención pública se ha concentrado a la fecha en los desvíos operados en las gestiones de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hubo otras dependencias –entre ellas Pemex, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes—que se prestaron a esas maniobras fraudulentas.
En abril pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que averiguara acerca de los “probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que (la SFP) previamente inició”.
El pasado 26 de junio, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la FGR encontró inocente a Miguel Ángel Lozada Aguilar, investigado por presunta corrupción y desvío de recursos públicos.
“Tengo la información de que la FGR hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex (Miguel Ángel Lozada Aguilar), pero pediré reporte por escrito”, dijo aquel día.
Al menos desde noviembre de 2014, el Órgano Interno de Control de PEP debió investigar y fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos a raíz de un oficio que le entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En enero pasado, la reportera Neldy San Martín reveló en el semanario Proceso los hallazgos de una auditoría forense que exhibía los vínculos entre Lozada y los esquemas de desvíos de la Estafa Maestra: por ejemplo, en 2012 autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, por 140 millones de pesos. Sin embargo, según la ASF, la UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y realizó la subcontratación de servicios a la empresa Maheca, S.A. de C.V., por 80 mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía las capacidades para desarrollar los trabajos.
La ASF también reportó que funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron.
Con información de Seunonoticias.com