Enfrentar la violencia contra las mujeres en México sigue siendo uno de los mayores retos para el sistema judicial, que debe esforzarse no solo en proteger a las víctimas, sino en garantizar que los agresores reciban el tratamiento adecuado para una eventual reintegración a la sociedad. La violencia de género, en particular el feminicidio, requiere enfoques innovadores que superen la simple reclusión y busquen también un impacto positivo en la salud mental colectiva.
Algunos especialistas sugieren que, en lugar de que la prisión sea la única alternativa para los agresores, se implemente un modelo de rehabilitación supervisado por profesionales de la salud mental. Bajo esta perspectiva, los agresores podrían ser evaluados y tratados hasta ser considerados aptos para reintegrarse a la sociedad, contribuyendo así a una convivencia más sana y reduciendo la reincidencia.
Este enfoque, aunque radical para muchos, busca dar un paso adelante hacia una sociedad mentalmente más saludable y exige cambios en la percepción pública del sistema judicial. No basta con tener leyes ejemplares para erradicar la violencia de género, sino que es esencial garantizar su efectividad en la práctica y promover un sistema de justicia integral que considere tanto los aspectos legales como los de salud pública.
Un sistema que no solo proteja a las víctimas, sino que también ofrezca alternativas de reintegración para los agresores podría representar una solución a largo plazo, beneficiando no solo a quienes han sufrido violencia, sino también a la sociedad en su conjunto, al propiciar relaciones más sanas y equitativas.
