Ciudad de México /
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que confirma un total de 98 ilícitos cometidos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 15 gobernadores de Morena durante el proceso de revocación de mandato, desatendiendo los llamados del INE.
Ante ello, propone generar nuevos lineamientos con sanciones que lleven incluso a perder el modo honesto de vivir, lo cual les prohibiría participar en cargos públicos.
El proyecto que se votará la próxima semana deja claro que se demostró un evidente “quebrantamiento al orden jurídico” por parte de los titulares del Ejecutivo de Morena; PES, en el caso de Morelos, y Partido Verde, en San Luis Potosí, durante el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López obrador.
En 155 páginas, el magistrado exhibe un centenar de publicaciones de cada uno de los implicados, en los que incurrieron en dos ilícitos distintos: difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido y propaganda personalizada en la mayoría de los casos, a favor del Presidente.
Esta resolución incluye el análisis del desplegado que los mandatarios difundieron en apoyo al Presidente por el posicionamiento respecto a la resolución del Parlamento Europeo.
Pero también decenas de publicaciones en redes sociales en las que durante los meses del proceso de revocación de mandato se violó principalmente el artículo 134 constitucional.
Las publicaciones destacan logros de sus gobiernos como obra pública, inauguraciones, supervisiones, programas de apoyo a la sociedad, proyectos de infraestructura, entrega de apoyos, firmas de inversiones, equipamiento, rescate de espacios públicos, visitas a la población como tipo mítines, anuncios de proyectos o datos sobre disminución de seguridad, operativos de prevención o detenciones que no entran en las excepciones de propaganda gubernamental para este periodo.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lidera la lista de infractores con un total de 16 ilícitos, seguido de Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 13; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con diez cada uno.
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Ante los incumplimientos y reincidencias pese a los constantes llamados del Instituto Nacional Electoral, el magistrado propone a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenar al INE elaborar una serie de lineamientos los cuales lleguen a la consecuencia de no poder participar en otros cargos públicos.
De la Mata Pizaña comienza explicando que las autoridades electorales tienen la “obligación de garantizar el pleno respeto a la Constitución y por tanto, el Estado de Derecho, de forma tal que se asegure que todos los actos y resoluciones que se relacionan con la materia, y por tanto, encuadran en su competencia, sean apegados a la propia Constitución y a la Ley”.
El magistrado reconoce que “el sistema normativo es imperfecto” ya que la sanción para titulares de los Ejecutivos depende de un tercero, su superior jerárquico o en su caso el Congreso correspondiente, lo que pocas veces se acata, ante ello es necesario generar lineamientos que frenen esta violación a la constitución.
“Toda vez que la imposición de la sanción escapa a la competencia de las autoridades electorales en sí mismas, corresponden a este Tribunal, en tanto máxima autoridad garante de la Constitución en la materia, consolidar mecanismos a efecto de inhibir conductas que la vulneren.
