Tras la aprobación de la reforma judicial en México, que propone la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte por voto popular, la agencia calificadora Moody’s emitió una advertencia sobre las posibles repercusiones económicas y fiscales que podrían derivarse de esta medida. En su análisis, Moody’s señaló que estas modificaciones constitucionales podrían debilitar los controles y equilibrios del país, además de comprometer la independencia del poder judicial.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
La agencia destacó que la nueva ley podría llevar a una politización de los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos judiciales, lo que afectaría la imparcialidad y autonomía del sistema. Según Moody’s, al alinearse más con los poderes ejecutivo y legislativo, el poder judicial perdería su papel crucial en el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.
Impacto económico
Moody’s también alertó que esta reforma podría aumentar la incertidumbre jurídica, lo que contribuiría a la volatilidad financiera a corto plazo. Un deterioro prolongado de la confianza de los inversionistas podría resultar en mayores costos para el gobierno, menor inversión privada y una presión creciente sobre la deuda pública. Estas dinámicas podrían afectar negativamente las perspectivas de crecimiento económico a partir de 2025.
Consecuencias para la inversión
En su informe, Moody’s subrayó que la eliminación de organismos reguladores independientes, prevista como una medida adicional, generaría más incertidumbre en sectores clave como la infraestructura, minería y telecomunicaciones. Esta situación, según la agencia, haría que México sea menos atractivo para la inversión privada, especialmente en proyectos de nearshoring.
Moody’s concluyó que si la incertidumbre sobre el sistema judicial sigue en aumento, esto podría afectar el peso mexicano y los sectores corporativos que dependen de inversiones extranjeras y concesiones a largo plazo.
Próximos pasos
La reforma ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, y ahora solo requiere la ratificación de al menos 17 congresos locales y la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación oficial.
