Ante el adeudo de 80 millones 946 mil 271.04 pesos por concepto de pago de nóminas que mantiene el Gobierno de Naucalpan con servidores públicos eventuales, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda presentaron un dictamen ante el pleno del cabildo, con la intención de que se le instruyera a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Administración de Naucalpan para que se pusiera al corriente en la nómina de los trabajadores, sin embargo, la propuesta fue rechazada por 10 de sus miembros, al considerar que la alcaldesa Patricia Durán Reveles y su gestión están llevando a cabo los esfuerzos para resolver el problema.
En el dictamen presentado por Maximiliano Alexander Rábago, primer síndico de este Ayuntamiento, los ediles, en su mayoría de oposición, solicitaban también que la Contraloría Municipal iniciara todas las investigaciones necesarias para determinar las razones por las que la administración municipal 2019-2021 presenta estos retrasos en las nóminas de los trabajadores.
Además, se le instruía al tesorero del ayuntamiento, Leopoldo Corona Aguilar, para que también cumpliera con las obligaciones fiscales que tiene el gobierno municipal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT, al tiempo en que se le pedía que hiciera los esfuerzos necesarios para que se recuperaran los pagos, descuentos y retenciones hechas al FORTAMUN-DF por la deuda que mantiene el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) y de la que no existe claridad y transparencia por parte de ambas dependencias, sobre el monto real retenido por este concepto.
Tras la discusión, en la que los síndicos y regidores firmantes del dictamen coincidieron en que este instrumento estaba lejos de cualquier asunto político contra la propia alcaldesa o su gabinete y, por el contrario, busca atender la problemática que enfrenta esta administración, a través de la responsabilidad que tienen los integrantes del cabildo.
“Lo que se está haciendo es dar vista a las autoridades sobre la situación tal cual, pues se especuló mucho, pero es a favor de los trabajadores, medios de comunicación y de la hacienda municipal, no en contra de nadie. Se trata de dar beneficios a quienes se encuentran en una situación de debilidad, respecto a la situación del gobierno. El dictamen no es contra alguien, no es política, es una situación a un problema real que tenemos y al que se le está haciendo frente. No son elecciones ni es en contra de una carrera política, tiene que ver con nuestra responsabilidad y lo que hagamos marcará el futuro de qué lado está cada quien en su función de servidores públicos”, recalcó el primer síndico, Maximiliano Alexander.
El décimo tercer regidor, Pedro Antonio Fontaine Martínez, indicó que no es tiempo para que la actual administración continúe justificándose con escusas de los que hicieron sus antecesores y, por el contrario, se debe trabajar para resolver la situación de los pasivos laborales, a efecto de evitar heredar los mismos problemas a la siguiente gestión local.
Por su parte, la décima regidora, María Paulina Pérez González, subrayó que el dictamen era un llamado a la solidaridad a favor de los trabajadores afectados y sus familias, y un intento de avanzar en la solución de la problemática, con el fin de que se entreguen buenas cuentas a los ciudadanos que los eligieron.
El onceavo regidor, Anselmo García Cruz, detalló que era un acto responsable ante las diferencias que existen en el manejo de los recursos financieros que existieron en los capítulos 1000 y 9000 durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, donde el gobierno local ejerció más recursos que los aprobados en esos presupuestos aprobados por el Ayuntamiento.
Durante la discusión, la sexta regidora, Maricela Hernández Inocente, reclamó la postura de sus compañeros y aseguró que, si tenían intención de ayudar a los trabajadores afectados, la mejor solución sería que renunciaran a sus salarios pendientes y al aguinaldo de este año.
La propuesta fue rechazada por los regidores Graciela Alexis Santos García, Ubaldo Jaime Gutiérrez Nieto, María Guadalupe Ángel Reyes, Maricela Hernández Inocente, José Velázquez Meza, Araceli Matehuala Reyes, Angélica del Valle Mota, Manuel Eduardo Sisniega Otero y María de los Ángeles Pontaza, así como por la alcaldesa Patricia Durán Reveles.
Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Oyoque, indicó que el gobierno municipal trabaja desde hace dos meses para desincorporar inmuebles o predios del patrimonio local y para vender la chatarra que se tiene, con el fin de que puedan ser vendidos y el monto obtenido se destine para el pago de las nóminas.