Zinacantepec, Méx.
El ayuntamiento de Zinacantepec, que encabeza Manuel Vilchis Viveros, recibió un fuerte reproche público por parte del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) debido a su incumplimiento en diversas obligaciones relacionadas con la transparencia.
Además, se impusieron un total de 126 medidas de apremio por el incumplimiento parcial o total de resoluciones relacionadas con recursos de revisión, predominando principalmente los apercibimientos y algunas amonestaciones públicas.
De las medidas adoptadas, 96 consistieron en apercibimientos dirigidos a diferentes servidores públicos: tres de ellos pertenecientes al Ejecutivo, 71 a titulares de unidades de transparencia municipales, ocho a organismos de agua municipales y 14 a organismos DIFs municipales.
Asimismo, se emitieron 30 amonestaciones públicas dirigidas a distintos servidores públicos, de las cuales dos correspondieron a empleados del Poder Ejecutivo, 24 a titulares de unidades de transparencia de los ayuntamientos, una a un organismo de agua municipal y tres a organismos DIFs municipales.
Durante la última sesión, el Pleno aprobó el Programa Interno de Protección Civil del Infoem, el cual se convertirá en una obligación para todos los servidores públicos y usuarios, ya que establece medidas y respuestas posibles en casos de emergencia con el objetivo de fomentar una cultura más amplia de protección civil. Además, los comisionados también dieron su visto bueno al dictamen de estados financieros y presupuestales correspondientes al año 2022.
En relación a los recursos de revisión de respuestas de sujetos obligados, el pleno aprobó algunos con votos particulares sobre ciertos temas, como la clasificación del cargo de los elementos de seguridad pública. La comisionada María del Rosario Mejía argumentó que la divulgación de esta información no los haría identificables ni pondría en riesgo su vida o integridad. Consideró que, debido a la importancia de su labor, los ciudadanos deben contar con certeza sobre su desempeño.
Además, sostuvo que proporcionar el nombre de un servidor público absuelto no generaría perjuicio alguno y, por el contrario, contribuiría a la rendición de cuentas. Por otro lado, la comisionada Sharon Morales expresó su desacuerdo respecto a la solicitud de cobro por copias. En otros asuntos, Morales opinó que el currículum permitía a la ciudadanía evaluar la trayectoria profesional y académica, aunque en el caso de personas elegidas por voto popular no existía la obligación de proporcionar esa información.
Gustavo Parra expresó votos disidentes al considerar que los ayuntamientos deben tener información sobre la conciliación de nóminas, ya que forma parte de los informes entregados al Órgano Superior de Fiscalización. Asimismo, mostró su desacuerdo en la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, argumentando que dicha información no pone en riesgo ni la vida ni la salud de los servidores públicos, y que facilita la rendición de cuentas.
Además, Parra señaló que la firma de los servidores en documentos públicos debería ser de conocimiento público y no estuvo de acuerdo con la reserva del nombre de los servidores absueltos, ya que no afectaría su honor. En su opinión, se debería dar prioridad al principio de gratuidad.
Por último, el pleno aprobó recursos de revisión contra respuestas de sujetos obligados y resoluciones en casos de segundas revisiones.