Solo 10 municipios obtuvieron calificación aprobatoria: Tecámac, Atizapán, Lerma, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco y Ecatzingo.
Toluca, México, 17 de febrero de 2025.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) realizó visitas a los Juzgados Cívicos de los 125 municipios mexiquenses durante 2024, con el objetivo de evaluar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas y el cumplimiento de la Ley de Justicia Cívica estatal en aspectos como trato digno, infraestructura, protocolos y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la presidenta de la CODHEM, Myrna Araceli García Morón, solo 10 municipios obtuvieron una calificación aprobatoria: Tecámac, Atizapán, Lerma, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco y Ecatzingo.
Deficiencias en el sistema de justicia cívica
Las visitas permitieron verificar la actuación de jueces, secretarios y personal policiaco, además de la situación de las personas detenidas, quienes deben recibir un trato digno y apegado a derecho.
García Morón señaló el caso de Acolman, donde el personal municipal obstaculizó inicialmente el ingreso de la CODHEM, a pesar de que la Comisión tiene facultades para realizar supervisiones sin previo aviso. Una vez dentro, se encontraron con dos personas detenidas, una de las cuales llevaba 19 horas retenida sin acceso a alimentos, agua, comunicación con su familia ni información sobre su proceso.
Este caso, según explicó la ombudsperson, se derivó de una riña denunciada por una mujer, presuntamente pareja sentimental del detenido. Sin embargo, enfatizó que toda persona tiene derecho a un debido proceso y a medidas de reinserción, como trabajo comunitario o asistencia terapéutica, en lugar de ser criminalizada.
Hacia un modelo de justicia más humanitario
La CODHEM destacó que estas supervisiones permiten evaluar la implementación de la Ley de Justicia Cívica, identificar áreas de oportunidad y fortalecer un modelo basado en la resolución pacífica de conflictos, el debido proceso y medidas restaurativas.
El objetivo, afirmó García Morón, es garantizar que los juzgados cívicos operen con apego a la legalidad y los derechos humanos, evitando prácticas que vulneren la dignidad de las personas infractoras y fomentando una convivencia social pacífica.
