• Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia acordaron un análisis profundo de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez.
• Funcionarios del gobierno estatal argumentaron que la propuesta deviene de varios casos judiciales para no afectar la reinserción social y responder a un principio de proporcionalidad.
Al analizar la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sobre la reducción de penas en delitos como la extorsión agravada, homicidio calificado, homicidio múltiple y robo que cause la muerte, así como la eliminación de la prisión vitalicia, congresistas de Morena, PAN y PT de la LXII Legislatura mexiquense solicitaron un análisis más profundo de la iniciativa para evitar mandar un mensaje erróneo a la ciudadanía.
Sobre la reforma, funcionarios del gobierno estatal concordaron en que la adecuación de sanciones corresponde a la realidad social y establece penas máximas de 70 años en determinados delitos, ya que la reforma deviene de varios casos judiciales para no afectar la reinserción social y responder a un principio de proporcionalidad, determinado por el derecho internacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al presidir la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) señaló que para las familias que sufren no hay justicia, pena o años de cárcel que alcancen para remediar el dolor, por lo que disminuir sanciones “podría mandar un mensaje erróneo que no queremos”, ya que la impunidad afecta gravemente a las familias.
En el análisis, Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría Pública estatal, y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, concordaron en que la adecuación de penas responde a la realidad social y en establecer una pena máxima de 70 años para los delitos referidos, ya que la reforma proviene de varios casos judiciales para no afectar la reinserción social.
Por Morena, el legislador Vladimir Hernández Villegas aceptó comprender el aspecto técnico sobre la proporcionalidad y resoluciones de la SCJN, pero indicó que, más allá del tema técnico, se está hablando de vidas y daños a las familias, por lo cual solicitó un análisis más profundo para evitar que se descuadre la reforma.
En términos similares se pronunció su compañera, la parlamentaria Nelly Brígida Rivera Sánchez, quien afirmó que, derivado de la realidad que vive el Estado de México, es importante analizar la reforma para evitar enviar un mensaje erróneo.
Al señalar que concuerda con quitar el término de prisión vitalicia, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) expresó su desacuerdo en disminuir la penalidad para feminicidas que causaron dolor a víctimas y sus familias por un delito que sigue lastimando a la sociedad.
Recordó que el Estado de México ocupa el primer lugar en homicidios, feminicidios y extorsión, por lo que enfatizó que no es un argumento adecuado basarse en comparaciones con otras entidades federativas, razón por la cual solicitó una revisión exhaustiva de la propuesta.
Por el gobierno estatal, Alberto Cervantes Juárez explicó que la imposición de penas debe responder a un principio de proporcionalidad, determinado por el derecho internacional y la SCJN. Añadió que se busca adecuar las penas a la realidad social, ya que su incremento no es un factor específico para inhibir la comisión de delitos. Aclaró que la iniciativa plantea eliminar la prisión vitalicia para establecer una pena máxima de 70 años en determinados delitos, considerando la perspectiva de género, como en los casos de violación, feminicidio y homicidio de cónyuge.
Al respecto, Javier de Jesús Domínguez González indicó que la reforma proviene de varios casos judiciales y que “la severidad en extremo” no persigue los fines del derecho penal sancionador, sobre todo en términos de reinserción social. Agregó que la aplicación de sanciones puede comprometerse porque se está llegando al límite de expectativa de vida, lo que podría generar la imposibilidad de reinserción social y contraponerse con los derechos humanos.
Cabe señalar que la iniciativa para reformar el Código Penal estatal también plantea que el homicidio calificado de dos o más personas y el robo que cause la muerte de la víctima se sancione hasta con 55 años de prisión (15 años menos que la pena máxima actual); mientras que el delito de extorsión, en sus modalidades agravantes, alcanzaría hasta 40 años de prisión (30 años menos que la pena máxima actual).
